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Un juez deja libres con cargos a cinco detenidos con 200.000 pastillas de éxtasis en Torrevieja por un posible fallo procesal

15 de agosto de 2026
Un juez deja libres con cargos a cinco detenidos con 200.000 pastillas de éxtasis en Torrevieja por un posible fallo procesal

Un juzgado de Torrevieja ha dejado en libertad con cargos a cinco detenidos en una operación de la Policía Nacional en la que fueron intervenidas 199.600 pastillas de MDMA, valoradas en más de 2,7 millones de euros. La decisión se debe a las dudas sobre la legalidad de las pruebas obtenidas mediante agentes encubiertos.

Los cinco arrestados, investigados por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, fueron detenidos el pasado 29 de julio en un hotel de Torrevieja durante un intercambio de casi 200.000 pastillas de éxtasis. La Fiscalía había solicitado prisión provisional sin fianza, pero el juez rechazó esa medida.

La investigación comenzó tras recibir la Policía española información de las autoridades holandesas sobre un hombre de Ponferrada presuntamente relacionado con el tráfico de drogas de diseño. La UDYCO Central realizó seguimientos y posteriormente utilizó agentes encubiertos, cuya actuación fue clave para identificar a los sospechosos y conocer su operativa.

La Fiscalía Antidroga de Madrid autorizó esta técnica mediante un decreto del 21 de mayo de 2026, pero el problema está en que no consta que esa autorización fuera comunicada a ningún juzgado, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a informar al órgano judicial de forma «inmediata».

El juez admite que la ley permite cierta flexibilidad sobre cuándo debe realizarse esa comunicación durante las diligencias preprocesales, pero considera especialmente grave que, cuando se produjeron las detenciones, no constara comunicación alguna a ningún órgano judicial. Casi dos días después de los arrestos seguía sin estar judicializada la habilitación de los agentes encubiertos.

Por ello, el magistrado advierte de que los indicios obtenidos mediante estos agentes «podrían no estar amparados legalmente» y estar «viciados de nulidad». Mantener a los detenidos en prisión basándose en pruebas potencialmente nulas podría vulnerar sus derechos fundamentales.

La resolución, dictada el 31 de julio y recurrida por la Fiscalía, no declara nula la investigación ni invalida las pruebas. El juez únicamente resuelve sobre la situación personal de los detenidos. Será el órgano que asuma definitivamente la instrucción o, llegado el caso, el tribunal del juicio quien determine si existe nulidad y hasta dónde alcanza.

Los cinco quedan en libertad, pero con medidas cautelares: comparecencias tres veces por semana, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.

El futuro de una operación que permitió incautar casi 200.000 pastillas de éxtasis queda ahora pendiente de una cuestión procesal que podría resultar decisiva para la causa.